La reforma de la ley 24.331

La modificación del régimen de zonas francas es un imperativo, pero, por diversas circunstancias, aún no ha sido posible consolidarla por ley.

Las zonas francas son áreas geográficas aisladas, en las cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su introducción (importación) como su extracción (exportación) no están gravadas con tributos ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico, tal como establece el Código Aduanero.
Por estas semanas, en la Cámara de Diputados de la Nación, se han conocido iniciativas tendientes a modernizar el régimen instaurado en 1994 para posibilitar que estas herramientas se acerquen más a la combinación de la idea comercial tradicional con el concepto de parque industrial.
La diputada Virginia Linares (Gen) presentó un proyecto que apunta a unificar los criterios legales establecidos en las zonas francas del país, para permitir el ingreso de sus productos al mercado interno.
El objetivo del proyecto es flexibilizar la situación comercial para admitir, en forma regulada, el ingreso de parte de lo que allí se produzca.
Linares explicó que el sentido es promover la actividad de las zonas francas, jerarquizarlas y flexibilizar muchas de sus actividades para que adquieran la relevancia que les corresponde, como herramienta potenciadora de las economías regionales.
El proyecto plantea la existencia de un control riguroso de las mercaderías, mediante la implementación de un sistema informático verificado por la AFIP y la Aduana, a efectos de realizar un control en tiempo real de los stocks, los ingresos y egresos de mercaderías de la zona franca.
De acuerdo con lo dicho por Linares, ese proyecto fue elaborado juntamente con profesionales que participan en la gestión de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, quienes fueron los que establecieron el marco actual que regula el sistema, indicando las falencias existentes y las posibilidades de mejora.
De acuerdo con la reforma impulsada, las empresas que produzcan bienes con fines comerciales en las zonas francas podrán ingresar al país hasta un 30 por ciento de su fabricación, siendo evaluada cada solicitud de ingreso por un Consejo Consultivo Federal de Zonas Francas.
El proyecto de reforma de la ley 24.331 busca crear la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción de Zonas Francas, la cual dependerá de la subsecretaría de Política y Gestión Comercial del ministerio de Industria de la Nación, con el objetivo de ejercer el poder de superintendencia de las zonas instaladas o por instalarse.
La iniciativa establece, a la vez, que los emprendimientos que se instalen y/o desarrollen sus actividades en las zonas francas gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez años, lo cual va a generar condiciones económicas y financieras predecibles a corto y mediano plazos, marcando un horizonte claro para los empresarios interesados.
Por su parte, la diputada Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, dijo que, esencialmente, el objetivo de las zonas francas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora, a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.
Subrayó que, en la Argentina, y con el fin de fomentar el desarrollo regional, desde 17 de junio de 1994, se cuenta con la ley 24.331, pero que, hasta la fecha, las ZF se constituyeron más como áreas de depósitos, comercialización, transferencia intermodal y centros de distribución internacional que como actividad industrial o productiva.
Indicó que no menos importante, por ser un punto medular en la reforma que se propone, es la prohibición expresa de la ley del ingreso al territorio de productos manufacturados en la zonas francas, dado que toda producción obtenida en ellas con materias primas nacionales y/o extranjeras, con mano de obra local y tecnologías desarrolladas en el ámbito nacional o mediante transferencia tecnológica, no tiene otro destino que no sea el mercado externo.
Explicó que así, a más de 17 años de esa ley y con muy pocas zonas francas en funcionamiento, tales como La Plata, Justo Daract (San Luis), Tucumán, Mendoza, Córdoba y Comodoro Rivadavia (Chubut), entre otras, dedicadas a las actividades comercial y logística, sólo se destaca, como un caso especial, la de General Pico (La Pampa).
En ese sentido, la diputada dijo que, no obstante lo indicado por la ley 24.331, es posible que la totalidad de lo producido en la zona franca sea ingresado al territorio aduanero general para su comercialización, de acuerdo con lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 285/99, ratificado por el artículo 86 de la ley 25.237.
En consecuencia, explicó que lo que se propone en la presente reforma es rever esos conceptos de la ley, para acercarse más a la combinación de la idea comercial tradicional con el concepto de parque industrial y repensar el sistema de restricciones para vender al mercado interno, aun teniendo en cuenta los aranceles de los insumos extranjeros utilizados.
Comelli aseguró que el principal objetivo del establecimiento de zonas francas es atraer inversiones, impulsar las exportaciones, generar empleo, lograr transferencia tecnológica y promover el desarrollo de las regiones, pero, fundamentalmente, impulsar el comercio y la actividad industrial de bienes de servicios, para hacerla converger con la política comercial nacional, debiendo contribuir al crecimiento y a la competitividad de la economía, de manera de incorporarse plenamente al proceso de integración regional.
Puntualizó que, en resumen, se trata de constituir un mecanismo técnico similar a las importaciones temporarias y a los depósitos fiscales, que permiten ingresar transitoriamente mercadería extranjera, postergando el pago de aranceles e impuestos hasta el momento de la introducción al mercado interno y transformarse en una importante herramienta de desarrollo regional.
Además, la reforma contempla la creación de subzonas francas para la radicación de industrias, si fuera necesario por razones de índole económica, de infraestructura, de impacto negativo sobre el medio ambiente o dificultad de transporte, entre otras causas.

La posición de Breitenstein